El empleo de calidad es esencial para garantizar la igualdad de oportunidades de las personas y contribuye a su plena participación en la vida económica, social y cultural.
Para las personas con discapacidad, a pesar de los avances, principalmente jurídicos, para promover la igualdad de oportunidades y luchar contra la discriminación, perduran las limitaciones en el disfrute de los derechos sociales y económicos, especialmente, en la participación en el mercado laboral.
Las propias dinámicas del mercado laboral se están configurando como barreras que impiden y/o limitan el acceso y mantenimiento del empleo de los colectivos vulnerables.
En un contexto disruptivo, de escasez de oportunidades laborales y en el que es fundamental focalizar la actividad empresarial en el desarrollo sostenible y en la centralidad de la persona, la economía social tiene un papel fundamental como impulsora de estos aspectos, como fórmula de generación equitativa de riqueza, como instrumento de equilibrio territorial y como empresas con valores y generadoras de oportunidades laborales para corregir los desequilibrios y desigualdades que se producen en el mercado laboral.
Los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (CEEIS) como paradigma de la empresa social y como entidades de la economía social, compaginan y promulgan el equilibrio entre el “valor social” y la “rentabilidad económica”. Son un modelo de empresa en el que priman las personas y que reinvierten los posibles beneficios en su fin social. Estas características identitarias los convierten en fórmulas de empleo que aportan un importante “valor social diferencial y reforzado”: generan empleo, principalmente para personas con discapacidad; su finalidad no es tanto la generación de beneficios como su impacto social; prima el equilibrio entre “lo social y lo económico” para garantizar su sostenibilidad; aprovechan sus superávits para alcanzar sus objetivos sociales; la persona con discapacidad es el centro, su razón de ser.
La aportación social de los CEEIS es un claro ejemplo de cómo se da respuesta a una problemática social y cómo las políticas públicas deben ser un instrumento que fomenten y apoyen iniciativas que persiguen, desde los valores, la inclusión laboral de las personas con discapacidad.