• Nº 127 | Diciembre | 2018
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La asistencia personal, ese derecho desconocido

La economía del lenguaje tiene sus riesgos y de la misma manera que se invisibiliza a las mujeres cuando se utiliza el masculino genérico, y a las personas con discapacidad se les deniega su condición de persona cuando pasan a ser “discapacitadas”, hablar de Ley de Dependencia ha hecho que hasta las propias personas en esa situación desconozcan qué significa la autonomía personal y qué servicios vienen recogidos en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

Por
César Jiménez Cruz
Presentación del estudio en la II Jornada COCEMFE. “El reto de la autonomía personal”  | Foto: Salvador García
Presentación del estudio en la II Jornada COCEMFE. “El reto de la autonomía personal” | Foto: Salvador García

A pesar de que esta ley tiene como objetivo atender las necesidades de aquellas personas que requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía, la población ha entendido que lo que proporciona esta ley principalmente es una prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a personas cuidadoras no profesionales.

De esta manera, buena parte de la población no está familiarizada con que el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia ofrece muchas más prestaciones que este cheque, como por ejemplo los servicios de prevención de las situaciones de dependencia, de promoción de la autonomía personal, de teleasistencia, de ayuda a domicilio, de centro de día y de noche y de centros residenciales.

Sin embargo, el derecho menos conocido de todos es la prestación económica para asistencia personal, el cual, es un servicio prestado por un/a asistente personal que realiza o colabora en tareas de la vida cotidiana de una persona en situación de dependencia, de cara a fomentar su vida independiente, promoviendo y potenciando su autonomía personal. El objetivo de esta prestación es contribuir a la contratación de una asistencia personal, durante un número de horas, que facilite a la persona beneficiaria el acceso a la educación y al trabajo, así como a una vida más autónoma.

Así lo refleja el ‘Estudio de Investigación sobre la aplicación de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Desde la perspectiva de la discapacidad física y orgánica’ que fue presentado durante la ‘II JORNADA COCEMFE: “El reto de la Au-tonomía Personal”’ y que tiene como objetivo conocer los principales efectos que su aplicación ha tenido sobre este grupo social para promover las políticas de ajuste necesarias de acuerdo a los principios constitucionales de igualdad y cohesión social.

En concreto, afirma que la prestación económica para contratar este servicio “la conocen personas que tienen un perfil específico, muy cercano al movimiento asociativo, y defienden modelos de vida independiente”, demostrando la importancia que tienen las organizaciones como COCEMFE a la hora de asesorar a las personas con discapacidad en general y en situación de dependencia en este caso sobre los derechos que tienen reconocidos por ley y que pueden solicitar.

Entre los argumentos a favor de la asistencia personal que señalan las personas participantes del estudio destacan que supone una ganancia de autonomía no solamente para la persona con discapacidad, sino también para las personas de su entorno, la importancia de tener una vida independiente y los beneficios económicos para la sociedad, puesto que el coste en residencias es mayor que el coste de la asistencia personal y además este último es un generador de empleo también.

Por ejemplo, Alexandra Sánchez, una usuaria de la Confederación Gallega de Personas con Discapacidad (COGAMI) que tiene reconocido el derecho a asistencia personal, cuenta que se trata de una “ayuda magnífica”, pero añade que “al igual que tiene sus beneficios, también tiene sus contras”.

La “escasa” prestación económica que recibe para poder contratar a un/una asistente personal es la principal crítica que realiza esta usuaria. A pesar del mantenimiento de la partida destinada a asistencia personal por parte de la Xunta de Galicia, el incremento salarial de quienes prestan este servicio ha provocado que, con el mismo dinero, Sánchez disponga de menos horas de asistencia de las que disponía anteriormente, obligándola a invertir más para no ver mermada la independencia que tenía hasta ahora.

Por otro lado, Sánchez, que como consecuencia de una parálisis cerebral que afectó a sus nervios tiene el movimiento motriz similar al de una persona con tetraplejia, remarca la diferencia en el acceso cuando se trata de una persona que vive en la ciudad a otra que reside en el mundo rural. “Es como comparar el día y la noche”, señala, al tiempo que incide en que encontrar personas asistentes personales en este entorno “es mucho más complicado”.

Detalla que ella no puede abonar todos los gastos que para la persona asistente personal supone tener que recogerla y llevarla hasta la ciudad porque “con mi pensión no puedo pagarle todo”. Por eso pide que se mejoren las condiciones de los/as asistentes personales para suplir así el coste adicional que implica ofrecer este servicio a personas o que puedan utilizar un vehículo de empresa para realizar estos viajes.

“A mi juicio, se debería promocionar más este servicio: ofreciendo más horas y más información”, argumenta Sánchez, en la línea de las conclusiones del estudio que aduce esta falta de conocimiento generalizada a que en los servicios sociales no se difunde, no se visibiliza y no se promociona, provocando confusiones entre asistencia personal y ayuda a domicilio.

En este sentido, el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, ha defendido en múltiples ocasiones que en el caso de la asistencia personal “es el usuario quien tiene la capacidad de diseñar cuáles son sus necesidades y cómo quiere que sean cubiertas y como resultado final la persona con discapacidad, pueda tener un plan de vida independiente”. “No se trata de una simple asistencia a la persona”, remarca.

Tanto el presidente de la Confederación como las conclusiones del estudio hacen hincapié en que la baja dotación presupuestaria impide poner en marcha y desarrollar todos los servicios y prestaciones que la ley estipula. Por ello, Queiruga destaca la necesidad de que la partida destinada al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia “no se vea condicionada por qué partido esté gobernando para que cuente con la estabilidad suficiente para conformar un sistema fuerte y que garantice los derechos de las personas con discapacidad y en situación de dependencia”.

“Hay que promocionar más la asistencia personal: ofrecer más horas y más información”

Es fundamental que desde el movimiento asociativo de la discapacidad, pero también desde las instituciones, se promocione este derecho que supone el paso diferencial respecto a lo que significa la ayuda a domicilio o la figura del cuidador o cuidadora y que ha permanecido casi invisible dentro de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, la cual, se aprobó hace ya más de 10 años.

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