“La UE debe fijar objetivos para contribuir al cumplimiento de la Convención”

¿Qué supone para ti haber sido distinguido por el CERMI como ‘Amigo de las personas con discapacidad’? 

Un inmenso honor y satisfacción personal que debo compartir, tanto con los Fiscales especializados en esta materia, como con las personas compañeras de las asociaciones, fundaciones y personas con discapacidad, que nos han enseñado desde la realidad práctica su situación personal y sus necesidades de protección jurídica. Esta acción colectiva es, sinceramente, la que ha recibido el premio.  

¿Cómo nació tu interés por las personas con discapacidad y la reivindicación de sus derechos? 

En mi carrera como Fiscal de Barcelona entre el 79 y el 90 me ocupé durante tres años de la coordinación del Área de Derecho Civil. Nos centrábamos en la protección de menores y en las personas con discapacidad, los problemas más acuciantes. 

El entorno de este grupo social, nos hacía partícipes de sus grandes problemas: invisibilidad, desatención, desprecio...pero también de sus peticiones: “¿qué será de mi hijo o de mi hija cuando no estemos?” 

Estos padres eran y son, auténticos héroes, que luchaban por los derechos y la dignidad de sus hijos. Su unión y constancia desembocaron en asociaciones y/o fundaciones que son un incuestionable logro social a todos los niveles. Por esta razón, las instituciones públicas y especialmente el Ministerio Fiscal, deben conocerlas y acompañarlas en la defensa de sus valores y Derechos Fundamentales.  

Durante tu trayectoria, ¿cuáles consideras que han sido los grandes hitos legislativos para con las personas con discapacidad?  

Pues la gran atención que han recibido en la pasada década. Desde la Ley de   Dependencia a la última reforma del Código Civil, donde se instaura la Convención de los de derechos de las personas con discapacidad, fundamentalmente en lo relativo a sus artículos 12 y 13.   

Destacaría, la regulación del derecho de voto, que imposibilitaba la Ley Electoral y suponía de hecho, considerar a las personas con discapacidad intelectual, como ciudadanos de segunda categoría, al privárseles del derecho político por excelencia. En general creo que hemos contribuido en todas las reformas legislativas y los avances, saltando las barreras sociales y legislativas que a partir de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Nueva York quedaban definidas y eran, además, de obligado cumplimiento en nuestro derecho interno.  

¿Qué papel tiene el Ministerio Fiscal en la protección de las personas con discapacidad? 

Desde 2008 el Estado español se había comprometido a aplicar la Convención de Nueva York, sin ninguna enmienda ni dilación, a legislar y modificar el sistema tutelar anterior por uno de capacitación y de apoyo.  

Esto implicaba un cambio legislativo en todos los órdenes, no sólo en la modificación del Código Civil, sino en el acceso a la justicia, a través de unos procesos adaptados a las personas y a sus familiares, donde erigieran a la persona con discapacidad como auténticos protagonistas, así como a su apoyo; valorándolo, cuidándolo y estimulándolo. 

Tendrán que ser revisadas muchas de las anteriores sentencias dictadas, y debemos estar en condiciones reales en abordarlo dignamente. 

Yo creo que el colectivo de personas con discapacidad tiene con esta reforma una gran proyección de futuro, y la Fiscalía estará caminando a su lado. 

“Para que los derechos de las personas con discapacidad sean reconocidos efectivamente queda camino por recorrer” 

Sin embargo, la citada Convención sigue sin cumplirse en su totalidad, ¿por qué? 

Creo que está desbordada a pesar de los indudables esfuerzos que se realizan por las todas las instituciones implicadas. Es necesario que se fijen objetivos claros y prioritarios por la Unión Europea. 

No obstante, y aunque con dificultad, se va avanzando. Es muy positivo constatar la concienciación de la ciudadanía, en el principio de igualdad de condiciones que tienen las personas con discapacidad como derecho y no como favor. 

¿De qué forma puede seguir avanzándose en el cumplimiento de dicha Convención?  

¡Cumpliéndola!  La Convención es la Constitución de las personas con discapacidad.  

El acceso a la justicia, hablando en términos de accesibilidad universal, continúa siendo una cuestión pendiente en todas las administraciones, estatales y autonómicas, sanitarias y económicas. 

Las personas con discapacidad aún tienen un amplio camino por recorrer para que sus derechos sean reconocidos efectiva y activamente, pues ello implica un implemento de atención económica que de momento no tienen.  

¿Por qué son tan complejos los cambios legislativos? 

El problema radica en que las nuevas leyes no van acompañadas de los medios materiales y personales adecuados.  

Cada nueva ley debería ir acompañada de una memoria económica, para tener un referente necesario que posibilite reclamar su cumplimiento. Si el coste económico de la ley no se determina o resulta cero, normalmente son de imposible aplicación práctica. 

Para avanzar en derechos y concienciación habría que empezar por acciones como la reforma del artículo 49 de la Constitución. ¿Qué opina al respecto? 

Es una cuestión de adaptación lingüística donde la Comisión parlamentaria correspondiente tiene que hacer sus deberes y adecuarla a la Convención. Debería acordarse sin mayores problemas.  

 ¿Qué papel puede o debe desarrollar la legislación en la mejora del modelo residencial y la desinstitucionalización?  

Es otro ejemplo de la necesaria unión de todas las instituciones y un auténtico reto. 

Se trata de un problema importantísimo y de difícil solución, dada la situación actual que padecemos. Influyen factores políticos, reparto de competencias: estatales, autonómicas y municipales y una absoluta carencia de estadísticas fiables en el número y determinación de la discapacidad de las personas, de las necesidades de cada en una en materia de apoyos y asistencia. Precisa ajustes razonables y valorar el coste económico y social. 

¿Cómo habría que trabajar en materia legal los factores de discriminación interseccional que afectan a las mujeres con discapacidad? 

Se suma el mismo problema que el referido anteriormente. ¿Cuántas mujeres con discapacidad han muerto por violencia? ¿Cuántas han sido lesionadas, abusadas, privadas de trabajo, educación inclusiva y/o falta de accesibilidad en sus vidas?  Son ellas las que sufren una mayor vulnerabilidad y esto tiene un riesgo evidente. Estas situaciones deben ser prioritariamente protegidas. 

“Las entidades de representación de las personas con discapacidad deben tener una intervención total en toda tramitación parlamentaria” 

¿Qué papel deben asumir las entidades de representación de las personas con discapacidad en relación a su incidencia política y/o legislativa? 

Todo la que le da el artículo 4 de la Convención. 

“En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan”. 

Es una intervención total y sin cortapisas, indispensable en toda tramitación parlamentaria.  

¿Cómo valoras la relación del Ministerio Fiscal con las entidades de personas con discapacidad? 

La Fiscalía se ha convertido en la institución de referencia para las personas con discapacidad, familias y asociaciones, en la defensa de sus derechos, lo que ha determinado una interrelación y conocimiento directo de sus problemas y aspiraciones, que nos ha enriquecido y concienciado. Los convenios de colaboración con CERMI, Aequitas y Cruz Roja así lo corroboran. En definitiva, la relación directa y personalizada que mantenemos proporciona una confianza mutua, que redunda en la mayor eficacia de nuestra labor. Hay que escuchar a las personas con discapacidad como se merecen. Este el primer paso adelante.