Educación inclusiva, educación en valores

La educación es un derecho humano fundamental y, por tanto, inalienable a cualquier persona, tenga o no discapacidad. Que una persona tenga necesidades educativas específicas por razón de discapacidad no puede ser excusa para que sea excluida y apartada del resto del alumnado. Ni es legal, ni es ético.

Por
César Jiménez Cruz
 Un niño con discapacidad en el aula junto a sus compañeros y compañeras.
Un niño con discapacidad en el aula junto a sus compañeros y compañeras.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) afirma que la educación “es un instrumento poderoso que permite a los niños, niñas, adultos y adultas que se encuentran social y económicamente marginados/as salir de la pobreza y participar plenamente en la vida de la comunidad”.

En lo referente a la inclusión educativa, la UNESCO define la inclusión educativa como “el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación”.

En este sentido, la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual ha sido ratificada por España, dice en su artículo 24 que “los Estados reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación” y añade que “con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida”.

De esta manera, España tiene la obligación legal de garantizar que todas las personas, con y sin discapacidad, tengan acceso a una educación de calidad que les permita desarrollar su propio modelo de vida.

“Llevo años dedicándome a la Educación y es verdad que se ha visto un cambio y que se sigue cambiando, pero la realidad es que muchas veces la educación inclusiva no se cumple”, señala María Caudevilla, técnica de Educación de COCEMFE Alicante, que opina que “el programa que llevamos a cabo en COCEMFE ayuda a subsanar las carencias que hay en estos momentos”.

Se refiere al proyecto 'Promoción de la Educación Inclusiva y de Soporte a la Atención al Alumnado con Necesidades Educativas Específicas por Motivos de su Discapacidad' que lleva a cabo la Confederación y que en el año 2018 formó y sensibilizó en discapacidad a más de 2.000 personas de toda España.

“Nuestro objetivo principal es fomentar la educación inclusiva y para eso lo que nosotros hacemos es contactar con centros educativos, asociaciones y entidades y les comentamos nuestro proyecto que consiste en sensibilizar y formar al profesorado en materia de necesidades educativas y en materia de educación inclusiva relacionada con las nuevas tecnologías”, explica Irene Tena, técnica educativa de COCEMFE Badajoz.

En concreto, las nuevas tecnologías han supuesto un cambio a la hora de garantizar la educación inclusiva y que tanto el alumnado con discapacidad como el alumnado sin discapacidad puedan acceder a una educación de calidad. “Las nuevas tecnologías han ayudado bastante a la educación inclusiva porque ofrece muchos recursos y a lo mejor sin tecnología no hubiésemos podido llegar a ciertas necesidades en ejercicios de atención, ejercicios de memoria...”.

“Las nuevas tecnologías han ayudado bastante a la educación inclusiva”

Por su parte, Caudevilla coincide en que las nuevas tecnologías “son un aliado”, puesto que “si un alumno que tiene discapacidad física no es capaz de escribir, gracias a un sistema de dictado podrá tomar sus apuntes y realizar sus trabajos”. “Las nuevas tecnologías van evolucionando y facilitan el trabajo y por eso muchos profesores y muchas profesoras están empezando a trabajar con ellas, ya que además permiten adaptar los contenidos a las particularidades que estén en clase en ese momento”.

Sin embargo, esta técnica de Educación advierte de que “hay que formarse en nuevas tecnologías para no hacer un mal uso de ellas y utilizarlas de manera apropiada”.

De igual modo que la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad hace mención explícita sobre el derecho de este grupo social de recibir una educación gratuita y de calidad, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) hablan de “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida”.

Así lo dice el objetivo número cuatro que pide, de aquí a 2030, “asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos”, así como garantizar el acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad y, por último, el acceso igualitario de todos los hombres y todas las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad , incluida la enseñanza universitaria.

Cecilia Simón, profesora titular del Departamento Interfacultativo de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), destaca la importancia de la educación como “derecho multiplicador”, ya que “es un derecho que va a ser la base del disfrute de otros derechos y va a permitir tener una mejor calidad de vida en todos los sentidos”.

Lo dijo durante su intervención en la conferencia 'Educación y Prácticas Inclusivas. Contar con todas las personas que cambiarán el mundo' y que se celebró durante la Asamblea General de COCEMFE el pasado mes de junio. En ella, incidió en que “es un derecho y como tal requiere de un compromiso y de la puesta en marcha de acciones que hagan realidad ese derecho” y añade la importancia que tiene para las personas con discapacidad “sentirse parte, formar parte y tomar parte”.

Para finalizar, esta profesora argumentó que es necesario llevar a cabo “cambios profundos en todos los elementos que tienen que ver con la vida de la escuela” y aventuró que “pese a las barreras existentes, el cambio es posible y ahí es donde los valores juegan un papel fundamental, porque son los que nos mantienen firmes frente a las dificultades”.

En la misma conferencia participaron Ainhoa Yáñez y Antonio Ortiz, docentes del CEIP Carlos Cano, quienes expusieron la experiencia de buenas prácticas sobre la aplicación práctica del enfoque DUA (Diseño Universal para el Aprendizaje) en dicho centro.

Por su parte, Ortiz ejemplificó de una manera muy clara en qué consiste la educación inclusiva y cómo se debe actuar cuando hay personas con necesidades educativas específicas por razón de discapacidad.

“Cuando yo era pequeño, a los zurdos no nos dejaban ser zurdos y nos ataban la mano”, narró Ortiz, que informó de que, como resultado, “escribo con la derecha con mucha dificultad, escribo muy mal, tengo problemas de lateralidad asociados a esa imposibilidad de dejarme ser zurdo”.

Haciendo una analogía con los centros de educación especial, Ortiz comentó que “a alguna persona se le podía haber ocurrido la genial idea de crear un colegio para zurdos y se podía haber entendido como una solución para los que éramos raros, extraños, discapaces con la derecha”.

“La educación inclusiva es un derecho irrenunciable para el alumnado con discapacidad”

Tras esto, terminó su defensa señalando que “nosotros hemos defendido, defendemos y vamos a seguir defendiendo que no hay que llevar a los niños adonde están los recursos, sino que hay que llevar los recursos adonde están los niños, porque los niños y las niñas tienen el derecho a desarrollarse con sus iguales y cada uno tiene sus discapacidades y sus capacidades para compartir con los que están a su alrededor”.

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) defiende que la educación inclusiva “es un derecho irrenunciable para el alumnado con discapacidad y sus familias”, que además “está reconocido en la legislación y debe ser garantizado y ejercido”.

En esta línea, opta por “la escolarización de los alumnos y de las alumnas en un único sistema”, el cual, “debe realizarse en centros ordinarios, donde han de ponerse a disposición de estos los recursos necesarios para atender a la diversidad de situaciones a las que debe darse respuesta”.

Como resultado del citado proyecto, la Confederación formó sobre discapacidad o en el ámbito de las nuevas tecnologías a 170 profesores y profesoras y llevó a cabo actividades de sensibilización en las que participaron 450 personas pertenecientes al personal docente y más de 1.600 alumnos y alumnas procedentes de varias regiones de la Península a lo largo del año 2018.

La ‘Red de Tutores-as Tecnológicos-as de Apoyo al Profesorado’ y el Banco de Productos de Apoyo de COCEMFE son algunos de los aspectos contemplados en esta iniciativa que se financia gracias a una subvención procedente del 0,7% del IRPF y es posible gracias a la solidaridad de las personas contribuyentes que cada año marcan la X Solidaria en su declaración de la renta.

En concreto, la red de tutores/as tiene como objetivo prevenir el fracaso y/o abandono escolar en los ciclos formativos obligatorios y no obligatorios, gracias a la introducción de tecnologías inclusivas en los centros educativos que favorezcan la autonomía personal de dicho alumnado, mientras que el Banco de Productos de Apoyo de COCEMFE pretende proporcionar las tecnologías de apoyo para el alumnado en función de sus necesidades.

Sobre todo esto, el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, asegura que “el tránsito a la educación inclusiva en centros ordinarios es una finalidad que ha de regir las políticas y las prácticas educativas” y considera que “la transición ha de realizarse con el acuerdo, compromiso y participación de toda la comunidad educativa, en tiempos razonables, poniendo a disposición los recursos necesarios, gestionando con eficiencia el cambio y afrontando los retos e innovaciones que supone esta nueva orientación”.

Aparte de la obligación legal, Queiruga sostiene que “no podemos permitirnos como sociedad que una parte de nuestros y nuestras menores no tenga acceso a una educación de calidad”, ya que “sería renunciar voluntariamente a una parte del talento que está en la sociedad y que de recibir una educación apropiada podría ser beneficioso para toda la sociedad”.

Por último, asegura que “de la misma manera que la sociedad debe desarrollar  la empatía suficiente como para hacer que se cumplimenten los criterios de accesibilidad universal, debe ser consciente de que la educación inclusiva tiene que estar garantizada, porque además no solo beneficia a las personas con discapacidad, sino a toda la sociedad en su conjunto”.

“Personas con discapacidad y personas sin discapacidad formándose juntas es la mejor manera de normalizar a nuestro grupo social y que el conjunto de la población sea consciente de lo diversa que es la sociedad”, remarca.

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