No revelo nada nuevo si digo que las mujeres con discapacidad actualmente sufren una combinación de desventajas que se vinculan al género y la discapacidad. Las mujeres con discapacidad han estado a lo largo de la historia y siguen estando hoy día, sujetas a múltiples formas de discriminación. No en vano, el Programa de Acción Mundial para las personas con discapacidad 1983-1992, en la exposición de motivos manifestaba que “las consecuencias de las deficiencias y de la discapacidad son especialmente graves para la mujer”. ¡Qué lejos queda 1982!, y sin embargo, después de casi 37 años, el panorama actual no dista mucho de aquel entonces.
Para plantear cualquier acción de cambio es indispensable conocer la situación de partida, no podemos abordar un objetivo si previamente no conocemos cual es la situación actual, por tanto para poder hacer que se cumpla la Agenda 2030, y provocar un cambio de tendencia en el ciclo de pobreza y vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad es necesario analizar diferentes documentos, tratados y dictámenes que nos afectan. Entre ellos el informe de Naciones Unidas sobre Discapacidad y Desarrollo de 2018, las recomendaciones generales y específicas recogidas en el Dictamen sobre la situación de las mujeres con discapacidad emitido en octubre de 2018 por el Parlamento Europeo o el Informe sobre Derechos Humanos de las mujeres y niñas con discapacidad de 2017.
En términos generales, todos los informes reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad siguen estando al margen de la sociedad. Los datos disponibles evidencian que la brecha es muy amplia en comparación con los hombres sin discapacidad: las mujeres con discapacidad tienen tres veces más probabilidad de no ver satisfechas sus necesidades de salud; tres veces más de ser analfabetas; dos veces más de no encontrar trabajo y dos veces más de no poder usar internet. Entre las personas que cuentan con un empleo, tienen dos veces menos probabilidad de trabajar como legisladoras, gerentes o directivas. Las mujeres con discapacidad también tienden a estar en peores puestos de trabajo que las mujeres sin discapacidad. Además, tienen un elevado riesgo de ser víctimas de violencia sexual en comparación con las mujeres sin discapacidad.
Ante este panorama son varios los desafíos que se plantean, todos ellos ligados a la Agenda 2030 y por tanto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
En primer lugar, establecer un marco jurídico sólido para proteger, promover y garantizar todos los derechos humanos de las mujeres y las niñas con discapacidad y garantizar que puedan ejercer su capacidad jurídica tomando sus propias decisiones; la accesibilidad universal como condición “sine quanum” en todos los entornos, productos, bienes y servicios y proveer los recursos necesarios para la consecución de la autonomía personal. Igualmente, deben adoptarse las medidas necesarias en materia de formación, sobre todo la destinada a profesionales de la salud y personas que trabajen en el ámbito jurídico, para garantizar que escuchan las voces de las niñas y las mujeres con discapacidad.
Todos los organismos internacionales, sin excepción, se han implicado en poner de manifiesto la situación de discriminación múltiple a la que se ven sometidas las mujeres con discapacidad, pero la realidad sigue siendo la que es y todavía nos queda muchas barreras que superar, por tanto solo nos queda empoderarnos, tejer alianzas y reivindicar nuestros derechos