Cárceles para ser libres

Finales de noviembre, hace frio, los leones del Congreso de los Diputados comienzan a despertarse y frente a ellos aparece una estructura con barrotes a modo de celda que reza “mi casa no es mi cárcel”. Se trata de Arrestópolis, la ciudad en la que viven las personas con discapacidad que no cuentan con accesibilidad en su edificio de viviendas, y sus habitantes se han acercado a la Cámara Baja para decir “basta”.

Según el estudio ‘La accesibilidad en las viviendas de España’, realizado por la Fundación Mutua de Propietarios, en la actualidad, apenas el 0,6% de los edificios de viviendas son plenamente accesibles, demostrando una vez más que España no está diseñada para que las personas con discapacidad puedan desarrollar su modelo de vida con la misma libertad que el resto de la población.

Por ello, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) y sus entidades realizaron esta campaña y salieron a la calle para reclamar que se garantice la accesibilidad en los edificios de viviendas y más teniendo en cuenta que el 4 de diciembre de 2017 finalizó el plazo para que todos los productos, bienes, entornos y servicios fueran plenamente accesibles.

Un total de 37 concentraciones reflejaron que la falta de accesibilidad es una problemática generalizada en toda España y para la cual, la Confederación reclama que se modifique la Ley de Propiedad Horizontal, y se elimine así la actual limitación económica de 12 mensualidades para que sea obligatorio realizar las reformas de accesibilidad, y además que se establezcan ayudas para que el poder adquisitivo de la comunidad vecinal no se vea perjudicado.

“Se nos está privando de libertad sin haber cometido ningún delito”, reclamaba el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, desde la ‘cárcel’ situada frente al Congreso con la esperanza de que los diputados y las diputadas escuchasen las reivindicaciones que se estaban haciendo a escasos metros de sus escaños.

Esta falta de accesibilidad afecta, en su mayoría, a las personas con movilidad reducida, pero las personas con discapacidad orgánica también estuvieron presentes para denunciar que ellas también ven limitada su libertad cuando un edificio, por ejemplo, no dispone de ascensor, ya que hay personas con cardiopatías, usuarias de hemodiálisis o con un trasplante que tampoco pueden realizar el esfuerzo de subir y bajar escaleras continuamente.

De esta manera, COCEMFE ha utilizado las cárceles para dar cuenta de cómo se sienten las personas con discapacidad en su edificio de viviendas: privadas de libertad. Depender de otra persona para poder bajar a la calle supone una limitación de la que solo es consciente aquella persona que lo vive.

Contar con las personas con discapacidad como parte activa de esta sociedad a la hora de elaborar productos y a la hora de construir edificios supone la diferencia entre igualdad de derechos o un mundo en el que las personas con discapacidad no son bienvenidas y se ven condenadas al asistencialismo.

Nuria Rodríguez, quien vive en un cuarto piso y necesita la ayuda de su madre para poder salir de casa, reivindica su derecho a una vivienda digna y su derecho a la movilidad pero lamenta que sus vecinos y vecinas se nieguen a instalar un ascensor, al tiempo que detalla que dedica entre 15 y 20 minutos a subir o bajar las escaleras.

Para salir de la cárcel en la que han sido encerradas, las personas con discapacidad necesitarán el compromiso de las instituciones, pero también de la sociedad en general, puesto que, las primeras son un reflejo de lo segundo y, por tanto, no habrá unos organismos concienciados con la discapacidad si previamente la población
no ha adquirido ese compromiso.

Si la sociedad no consigue tener esa conciencia de discapacidad y desarrollar, a la vez, la empatía suficiente como para comprender que todas las personas deben tener garantizados los mismos derechos, la llave de la accesibilidad seguirá sin fabricarse y las personas con discapacidad verán su vida a través de unos barrotes con forma de escalera.

La campaña Arrestópolis pretende que esas cárceles que aparecieron la mañana del 28 de noviembre supongan el punto de partida para garantizar la accesibilidad en todos los edificios de viviendas y otorgar a las personas con discapacidad la libertad que nunca debieron ver cuestionada.