“Mejorar las condiciones de accesibilidad es una de las prioridades del Gobierno”

La secretaria de Estado de Servicios Sociales, Ana I. Lima, tiene una amplia experiencia en el ámbito de los servicios sociales, con más de una década al frente del Consejo de Trabajo Social y más de 20 años de experiencia sobre el terreno, en puestos de atención directa a personas usuarias, así como en la dirección y gestión de centros y planificación de programas especializados. En sus primeros meses al frente de la Secretaría de Estado, hace un repaso de las políticas de discapacidad y se muestra partidaria de seguir eliminando copagos sociosanitarios y de promover la accesibilidad universal.

Por
Enrique Moreta
Ana I. Lima tiene una amplia experiencia en la atención directa y gestión de servicios sociales | Foto: MSCBS
Ana I. Lima tiene una amplia experiencia en la atención directa y gestión de servicios sociales | Foto: MSCBS

¿Cuáles están siendo las primeras medidas de la Secretaría de Estado?

En el ámbito de la discapacidad, es muy relevante nuestra participación activa en la reforma legal que sentará las bases para el apoyo a la persona que pueda tener alguna dificultad en el ejercicio de su capacidad jurídica, la que va a facilitar que 100.000 personas con discapacidad intelectual y mental puedan votar en las próximas elecciones, y la que favorecerá el derecho de las personas con discapacidad auditiva a la elección del modo de comunicarse. También la concesión de las ayudas del programa Reina Letizia, dirigido a promover la mejora de las condiciones formativas y profesionales de las personas con discapacidad, y el II Plan Nacional de Accesibilidad 2018-2026, que es muy necesario. Además, se trabaja con las entidades sociales en el desarrollo del Plan de Acción de la Estrategia Española de Trastornos del Espectro del Autismo 2018-2024 y en el Plan Nacional de Prevención de Deficiencias y de Intensificación de Discapacidades 2018-2021.

¿Cómo se va a promover la transversalidad de la discapacidad en toda la acción del Gobierno?

Trataremos de aplicar la gestión transversal desde el momento mismo de la planificación de las políticas públicas, para continuarla en la ejecución de estas políticas y en su evaluación. Para este objetivo es necesaria la coordinación entre los diferentes departamentos de la organización administrativa, el análisis de situación de las personas con discapacidad y otros colectivos afectados, la concienciación de los empleados públicos a través de acciones formativas, promover la colaboración de las comunidades autónomas y las entidades locales y, finalmente, favorecer la participación en los órganos consultivos correspondientes de las entidades representativas de las personas con discapacidad.

¿Cómo afrontan la, aún pendiente, coordinación sociosanitaria?

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, las comunidades autónomas y los operadores del sector sociosanitario tratan de definir un nuevo modelo de atención sociosanitaria. La ordenación se debe apoyar en el establecimiento de un sistema de gestión en el que se contemplen los procesos y la monitorización de los resultados, como una manera de mejorar la calidad de la prestación y la optimización de los recursos.
 

“Queremos excluir del copago farmacéutico a quienes más lo necesitan”


¿En qué estado se encuentra la eliminación de copagos sanitarios y sociales?

Queremos excluir del copago farmacéutico a quienes más lo necesitan, comenzando por las familias con rentas más bajas, con hijos a cargo y con discapacidad. En lo que concierne a los copagos sociales, también estamos trabajando teniendo en cuenta la opinión de las organizaciones implicadas.

Ante el incumplimiento de la normativa en materia de discapacidad, ¿cómo se pretenden garantizar los derechos de las personas con discapacidad?

La existencia de la legislación no siempre se manifiesta en hechos concretos, pero también en este caso nuestras actividades demuestran el impulso del Gobierno en el avance real de los derechos de las personas con discapacidad, como ha quedado señalado anteriormente.

Hasta el momento se ha desarrollado la parte más asistencial de la Ley de Dependencia, ¿existe algún plan para desarrollar la parte de promoción de la autonomía personal?

La promoción de la autonomía personal forma parte de la actuación de los propios servicios que prestan las comunidades autónomas, ya sean de teleasistencia, de ayuda a domicilio, de centro de día y de noche y de atención residencial.

Además, el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia ha acordado criterios, recomendaciones y condiciones mínimas que deben cumplir los planes que al efecto elaboren las comunidades autónomas a fin de darle un carácter homogéneo a las actuaciones en prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal.

¿Cómo se va a materializar el compromiso del Gobierno con la accesibilidad universal?

Mejorar las condiciones de accesibilidad a los diferentes espacios es una de las prioridades del Gobierno. Estamos comprometidos con la puesta en marcha del II Plan Nacional de Accesibilidad, sobre el que ya existe un borrador. En su definición ha colaborado en buena medida el sector de la discapacidad. Por otro lado, seguiremos colaborando con todos los actores de nuestra sociedad en el impulso de la sensibilización y del compromiso de todos con esta necesidad, y apoyaremos las acciones concretas en este terreno que se planteen por otras administraciones, por el sector productivo y por el social de la discapacidad.

La nueva configuración de las subvenciones ha supuesto una pérdida de apoyos para parte de las organizaciones de personas con discapacidad, ¿se está buscando alguna solución?

Tras la redistribución que estableció una sentencia del Tribunal Constitucional, en la parte del 0,7% del IRPF que le corresponde distribuir al Estado en concepto de apoyo a las organizaciones sociales, se ha continuado la línea de apoyo a los proyectos que reuniendo los requisitos apropiados son de más interés para las distintas necesidades especiales. En este sentido, el sector de la discapacidad no se ha visto especialmente afectado en relación a anteriores convocatorias.

Por otro lado, se está articulando la puesta en marcha de la subvenciones de la X Solidaria con el Impuesto de Sociedades que puede suponer un incentivo a muchas entidades sociales de carácter estatal.

¿Qué medidas tiene previsto el Gobierno implementar para favorecer la educación inclusiva?

Estamos avanzando en la definición del sistema que permitirá destinar los saldos y depósitos conocidos como ‘cuentas durmientes’ a financiar programas de mejora de las condiciones educativas de las personas con discapacidad. Además, mantenemos una vía de comunicación abierta con el Ministerio de Educación y Formación Profesional para incluir una serie de puntos que impulsen la educación inclusiva en la reforma de la actual normativa.

¿Qué otras prioridades se marca la Secretaría en esta legislatura?

Estamos elaborando el anteproyecto de Ley Integral de Violencia contra la Infancia. También es fundamental articular las acciones que se van a llevar a cabo para poner en marcha el Pacto contra la Violencia de Género. Asimismo, es prioritaria la aprobación y desarrollo de planes y estrategias dirigidas a combatir la soledad no deseada, promover la accesibilidad, la estrategia de tartamudez, el plan de Alzheimer, la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, el cuerpo europeo de solidaridad con jóvenes, y otras iniciativas de lucha contra las adicciones, entre otras.

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