La pandemia que quiso frenar la inclusión

Confinamiento ha sido una de las palabras más repetidas a lo largo de 2020 y es que la enfermedad conocida como COVID-19 ha llegado para quedarse en nuestro vocabulario y parar buena parte de la actividad en el mundo. Sin embargo, la inclusión de las personas con discapacidad ha demostrado ser imparable.

Por
César Jiménez
La Residencia de COCEMFE siguió prestando servicio durante el estado de alarma.
La Residencia de COCEMFE siguió prestando servicio durante el estado de alarma.

Como si de una muñeca rusa se tratase, la pregunta de “¿qué es COVID-19?” genera a su vez más preguntas como “¿qué es un coronavirus?”, “¿cómo se transmite?”, “cuál es la población más afectada por este tipo de virus?” y “¿hay alguna manera de combatirlo?”, de las cuales, de muchas de ellas ya hay una respuesta, pero de otras todavía no. Paso a paso.

La Organización Mundial de la Salud, explica que COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente y detalla que tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

Por su parte, los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS).

En el caso COVID-19, sus síntomas más habituales son fiebre, tos seca y cansancio, mientras que otros síntomas que, a pesar de ser menos frecuentes, también han aparecido en pacientes, son dolores, molestias, congestión nasal, dolor de cabeza, conjuntivitis, dolor de garganta, diarrea, pérdida del gusto o del olfato y las erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los pies.

La OMS expone que la manera de contraer esta enfermedad es estar en contacto con otra que está infectada por el virus, puesto que la enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar.

Por ello, las principales recomendaciones sanitarias consisten en mantener la distancia social entre personas, ya que estas gotículas son relativamente pesadas, no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo, así como lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol y llevar mascarilla cuando no se puede garantizar esa distancia interpersonal.

El 20% de las personas con COVID‑19 presenta un cuadro grave.

Se trata de una enfermedad muy contagiosa y a pesar de que la OMS indica que la mayoría de las personas (casi el 80%) se recuperan de la enfermedad sin necesidad de tratamiento hospitalario, también señala que alrededor de una de cada cinco personas que contraen COVID‑19 acaba presentando un cuadro grave y experimenta dificultades para respirar.

Por este motivo, y para evitar la saturación de hospitales y garantizar que el mayor número de personas pudiesen recibir el mejor tratamiento médico posible, España decretó el estado de alarma el pasado 14 de marzo. El Ejecutivo afirmó que hizo uso de este mecanismo para “garantizar la protección de la salud de los ciudadanos, la contención de la enfermedad y el refuerzo del sistema de salud pública”.
 
De esta manera, el Gobierno limitó la libertad de circulación de las personas, permitiendo su desplazamiento en casos concretos como, por ejemplo, actividades de primera necesidad, es decir, compras de alimentos o medicamentos, asistencia a centros sanitarios o entidades financieras, desplazamientos al lugar de trabajo, retorno a la residencia habitual o asistencia a personas en situación de vulnerabilidad.

Fruto de las peticiones realizadas por la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) y todo el movimiento asociativo de la discapacidad, el Ejecutivo estableció una serie de permisos para las personas con discapacidad como tolerar la circulación de personas que acompañasen a personas con discapacidad, siempre que la actividad que realizase esta persona se encontrase dentro de las permitidas.

El presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, aplaudió esta medida, puesto que “muchas personas con discapacidad o en situación de dependencia requieren del concurso de una tercera persona, de manera formalizada o informal, para poder desempeñar las actividades básicas de la vida diaria o el desenvolvimiento de su autonomía personal”.

Sin embargo, durante la vigencia del estado de alarma, que fue sujeto de varias prórrogas hasta finalizar el pasado 21 de junio, las personas con discapacidad tuvieron que hacer frente a multitud de dificultades como, por ejemplo, continuar con sus tratamientos, ya que se encontraron barreras tanto para seguir yendo a las consultas médicas que valorasen su evolución, como para poder adquirir los tratamientos farmacológicos necesarios.

Una de las principales problemáticas durante este periodo fue la situación vivida en los centros de personas con discapacidad y la necesidad de seguir atendiendo a las personas que allí vivían sin poner en riesgo su salud ni la de las personas que allí trabajaban.

Así lo explicó el director de la Residencia de COCEMFE en Madrid, Jorge Donaire, quien hizo hincapié durante el pasado mes de abril en que tuvieron “graves problemas para la adquisición de equipos de protección individual (EPI)”. Los conocidos como EPI son mascarillas, gel hidroalcohólico, batas desechables y gafas de protección, entre otros elementos.

“Son elementos esenciales para la prevención de la transmisión del virus”, incidió el director de este centro integral, totalmente adaptado, dirigido a proporcionar apoyos y atención especializada a personas con discapacidad física y orgánica, que también lamentó que los test de detección de coronavirus fueron “otro de los grandes déficits”. Al respecto, defendió que estos test son “imprescindibles para conocer qué personas se encuentran infectadas por el virus” y en ese caso “tomar medidas de aislamiento temporal para evitar la propagación del COVID-19 y poner en marcha tratamientos médicos con mayor anticipación”.

Fruto de esta situación, COCEMFE tuvo que diseñar sus propios protocolos de atención para garantizar la seguridad de las personas con discapacidad y de los trabajadores y trabajadoras del centro. De esta manera, el centro pudo seguir prestando todos sus servicios de atención directa como trabajo social, psicología, enfermería, logopedia, fisioterapia, terapia ocupacional, servicio de atención de cuidadores y cuidadoras. Además, la sociedad civil organizada dio una muestra ejemplar de solidaridad y responsabilidad donando equipos de protección para poder seguir desempeñando esta atención.

No permitiremos un retroceso de nuestros derechos.

Echando la vista atrás, Queiruga argumenta que “en muchos momentos, las organizaciones de personas con discapacidad física y orgánica nos hemos visto solas ante la pandemia y hemos echado en falta una mayor interlocución con el Gobierno y las administraciones y que tuvieran en cuenta todas nuestras problemáticas y necesidades”.

En este sentido, detalla que “se ha gestionado la pandemia con acciones que van en contra de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, lo cual, a su juicio, “no puede volver a ocurrir jamás”. “Muchas personas con discapacidad física y orgánica han fallecido por culpa de este virus y muchas se infectaron precisamente por carecer de protocolos sanitarios que facilitasen continuar con sus tratamientos habituales”, recuerda.

A pesar de todo, el Movimiento Asociativo de COCEMFE siguió trabajando y transformando su actividad durante la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de la COVID-19 para prestar atención a las personas y a las organizaciones, dando prioridad a las necesidades más urgentes y velando por la dignidad y derechos de las personas con discapacidad.

“No permitiremos un retroceso de nuestros derechos y velaremos para que la reconstrucción del país sea verdaderamente una reconstrucción inclusiva en la que ninguna persona quede atrás”, defiende Queiruga, que recuerda que “cuando se han producido crisis económicas anteriormente en nuestro país, las personas con discapacidad siempre hemos sido las primeras en sufrir sus efectos y las últimas en recuperarnos”.

Y es que, aunque la pandemia generada por COVID-19 haya obligado al mundo a parar, tomarse un descanso y tener que reconstruir mucho camino andado, COCEMFE y su Movimiento Asociativo han demostrado que la inclusión es imparable y que no se permitirá una reconstrucción que no sea inclusiva. La reconstrucción debe contar con todas las personas y no dejar a nadie atrás, eso incluye a las personas con discapacidad.

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